Infraestructuras privadas

La proliferación de antenas de telefonía móvil puede llegar a suponer un problema.

Hoy he visto una vez más una noticia que me reafirma cada vez más sólidamente en mi tesis de que hay cosas mal hechas desde el punto de vista socioeconómico. La noticia a la que hago referencia es en relación a la pregunta que ha formulado Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, al Gobierno sobre el escaso acceso de las zonas rurales al ADSL o cable. Sobre esta cuestión el Gobierno ha guardado un cauto silencio.

Quienes charlan conmigo con regularidad conocen sobradamente mi postura sobre la privatización de las infraestructuras. En España hay privatizaciones que se hicieron fatal. Quizá la peor, la de Telefónica. En un estado ideal, cuando se privatiza una empresa pública que dispone de infraestructuras y servicios, se escinde la empresa en dos, y se crea una empresa pública que mantenga las infraestructuras, al tiempo que se privatiza la empresa prestadora de los servicios. Esto no es una utopía, esto es lo que se ha hecho con Renfe, creando el Adif, gestora pública responsable de las infraestructuras ferroviarias, mientras que Renfe se ha privatizado como prestadora de los servicios. Así, Renfe paga un canon a Adif por el uso de la red ferroviaria, y se abre un mercado de libre competencia en un marco donde cualquier empresa puede colocar sus trenes compitiendo en igualdad de condiciones con la Renfe privada. Mediante este mismo proceso se creó REE (Red Eléctrica Española), empresa pública responsable del transporte de alta tensión eléctrica independiente de las empresas generadoras o suministradoras de electricidad. Por otro lado, este mismo principio es en el que se basa Aena como gestora de las infraestructuras ligadas al transporte aéreo.

Este modelo es extrapolable a prácticamente todos los ámbitos, aunque no siempre se hace bien. Cuando se privatizó Telefónica a mediados de 1997 se vendió como un todo en vez de hacer la inteligente maniobra de retener la infraestructura (los tendidos de telefonía) en manos del Estado. Con la telefonía móvil no hubo privatización sino que esta industria emanó directamente del sector privado, pero no se tuvo la audacia política de proponer un sistema de infraestructura pública con anticipación que permitiera mantener las riedas de la red de cobertura móvil, y evitar el desmadre en que se ha convertido actualmente. Y cito estos dos casos porque precisamente en la actualidad el panorama en las telecomunicaciones es lamentable en este aspecto. Tenemos bajo nuestras aceras una maraña de cables de Telefónica, Jazztel, Ono, etc. donde bastaría con un único tendido público sobre el que las empresas prestasen sus servicios, suscribiendo los servicios con el operador que nos ofreciese mejores ventajas. Esto es lo que ya hacemos cuando contratamos servicios de telefonía fija o móvil de segundo nivel (aquellos operadores que no disponen de infraestructura, que en el caso del ADSL sobre línea telefónica, por ejemplo, son todos menos Telefónica de España, S.A.). Además, la situación de superioridad de Telefónica sobre otras compañías de segundo nivel (Wanadoo, Tele2, ya.com, etc) facilita una serie de prácticas ilícitas perjudicando a usuarios de ADSL de segundo nivel, que en muchas ocasiones ven en la huída hacia Telefonica la única solución posible para disponer de una conexión ADSL sin problemas, problemas muchas veces provocados por la propia Telefónica (sé de qué hablo).

Algo equivalente viene a suceder con la telefonía móvil. Dado que la infraestructura es privada, tenemos la red de antenas por triplicado (Movistar, Vodafone y Orange). Ahora que entra en juego Yoigo como operador de primer nivel es de esperar que tienda también su red de forma progresiva para evitar alquilar el servicio a alguna de las otras tres operadoras. ¿Consecuencias? Una antena más en cada monte. Y ya serán cuatro. ¿A dónde nos conduce esto?

Estudiemos por ejemplo el caso de la telefonía móvil. Dado que el terreno físico tiene una limitación para soportar antenas (no me imagino un monte con dos docenas de antenas de telefonía), habrá un momento en que esa situación sea insostenible. Llegados a este punto tenemos dos opciones: Una opción inmediata sería limitar el número de operadores, lo cual va en contra de la libre competencia, suponiendo esto un intervencionismo por parte del Estado poco deseable para la inversión y la creación de empresa. La otra opción, aunque dramática, sería beneficiosa tanto para las empresas como para los consumidores. El Estado expropiaría las redes de telefonía móvil suprimiendo las antenas redundantes pasando a ser responsabilidad del Estado la cobertura móvil. Esto tiene numerosas ventajas:

• Se puede exigir al estado, como ciudadano y como contribuyente, disponer de cobertura móvil en un determinado punto. Esto en la actualidad es imposible. No podemos exigirle a una compañía privada que nos ofrezca cobertura móvil.
• La cobertura móvil dejaría de ser un factor diferencial, situándose la competencia entre las empresas a nivel de servicios prestados y precio.
• El impacto visual y antiestético de las antenas se reduciría a un tercio tanto en la ciudad como en parajes naturales.
  
• El impacto en la salud de las ondas también se reduciría. Si bien es cierto que aún no hay informes médicos o científicos concluyentes sobre la implicación de las emisiones radioeléctricas de las antenas de telefonía móvil en determinadas concentraciones de casos de cáncer producidos en los entornos inmediatos a algunas antenas, sea como fuere la reducción del número de antenas (y por ende de las emisiones) a un tercio del volumen actual no puede sino ser beneficiosa.

En este panorama las empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil pagarían un canon al Estado en concepto de uso de la citada red pública de cobertura móvil. De este canon podría eximirse a las actuales empresas propietarias de las antenas en función del número de antenas retiradas y/o expropiadas.

Evidentemente este mismo concepto es válido para la red de telefonía fija y servicios de transmisión de datos por fibra óptica, dado que el subsuelo de nuestras calles tiene una capacidad limitada para albergar kilómetros de cable, es de esperar que en un futuro no haya más espacio para tender más redes, por lo que estaríamos en la misma situación que con las antenas de telefonía móvil.

La ventaja de este sistema es que además abriría el mercado a la creación de nuevas empresas que podrían prestar servicios sin el desembolso que supone la creación de las infraestructuras, si bien se requeriría del Estado un compromiso claro en la renovación de dichas infraestructuras para mantenerlas actualizadas y en funcionamiento. Por supuesto, dado que las principales interesadas serían las empresas prestadoras de servicios, ellas serían quienes reclamasen en primer lugar por el buen o mal funcionamiento de las redes. Dado que por un lado las telecomunicaciones prometen un avance importante y desmesurado, y por otra parte nos dirigimos a un modelo de mercado claramente mercantilista y orientado a favorecer el flujo de capitales, es lógico pensar que esta medida, que puede parecer intervencionista en primera instancia es la más lógica y la más favorable para las empresas a largo plazo, ya que permite la incursión de nuevos capitales en el sector de las comunicaciones al tiempo que además beneficia la competencia con lo que eso tiene de positivo para los consumidores. Sólo queda ahora ver qué gobierno tendrá el arrojo y valentía necesarios para acometer una medida de este tipo, y hasta cuándo se tensará la cuerda colocando más y más antenas en nuestros montes.