Legislar para la irrealidad

Estos días se celebra en Washington la Cumbre Mundial del Derecho, que, entre otros objetivos, se presenta casi como un monográfico sobre la propiedad intelectual, las violaciones de la misma, y la exploración y búsqueda de formas de controlar dichos derechos. Pero tiene más miga de lo que parece...

Si empezamos por llamar a las cosas por su nombre, todo es más fácil. Descargar un contenido con derechos de autor no es un agravio contra la propiedad intelectual. Ni siquiera si lo vendemos. Es una violación de los derechos de explotación comercial, ya que nadie que descarga un contenido se apropia de la autoría del mismo haciéndose pasar por su autor. Por lo que convendría dejar a un lado la demagogia de dar pena de los pobres autores. Aunque claro, es más conveniente defender un derecho de autor, que un derecho de explotación comercial, en tanto en cuanto no queda bien en este mundo nuestro defender el vil metal.

Una vez hemos dejado claro este punto, que no es cuestión baladí, deberíamos interesarnos sobre quiénes son los beneficiarios de estos intereses que se pretenden defender a capa y espada en la Cumbre Mundial del Derecho. Los autores han manifestado en innumerables ocasiones que les benefician las descargas sean del tipo que sean, ya que las descargas son un medio de dar a conocer sus temas nuevos, o de darse a conocer autores noveles, lo cual les sirve de promoción gratuita de cara a sus actuaciones. Y no les irá tan mal a los pobrecitos autores, cuando las discográficas ya han decidido hincarle el diente no sólo a los discos que ellas graban, sino a los conciertos en los que ellas no participan, pero a lo que obligan en los nuevos y leoninos contratos que se firman últimamente.

Casualmente (y atiendo al panorama español) los únicos autores que se manifiestan ferozmente contra las descargas son de dos tipos. O bien aquellos que son tan merluzos como para dejarse manipular por las corporaciones discográficas (como el pobre Bustamante), o bien aquellos que aun siendo autores, no hablan en su papel de tales, sino en su papel de productores musicales, como Víctor Manuel, Ramoncín, y demás fauna. Y como ya se dijo en su día en el caso de Metallica contra Napster, "no es bueno denunciar a tus propios fans".

Sin embargo, el hecho de que dicha cumbre se celebre en Washington, es un hecho que tampoco ha de pasarnos desapercibido. Estados Unidos, un país volcado y vendido a los intereses comerciales, tiene una de las legislaciones más restrictivas a respecto de los derechos de explotación comercial (aunque ellos los llaman derechos de autor), donde se considera ilegal cualquier intercambio de obras con coypright, incluso aunque sea sin ánimo de lucro. Además es el lugar donde se han emprendido más procesos contra particulares por descarga ilegal (allí) de contenidos protegidos por derechos de explotación comercial. Esto se une a que la mayoría de la música y el cine que se mueve en Internet está registrado en Estados Unidos y deja pingües beneficios. Por ello, que haya disparidad legal en países desarrollados como España, donde no es ilegal el intercambio de contenidos siempre y cuando no haya ánimo de lucro (es decir para consumo personal y sin obtener beneficio), supone una cuestión de economía nacional. Por eso hace un mes la Motion Picture Association of America emitió un informe sobre "piratería" y descargas "ilegales" en el que España quedaba en un pésimo lugar, siempre atendiendo a los criterios del otro lado del Atlántico, claro. Y por eso casi al tiempo que la MPAA emitía dicho informe, el gobierno de Estados Unidos expresaba públicamente su preocupación por la "situación de las descargas ilegales en España", y expresaba su deseo de llegar a un acuerdo con el gobierno español y con las ISPs españolas para atajar este "problema". O dicho en román paladino, adecuar, asemejar, asimilar, arrimar, o llámese como se quiera, la legislación española sobre intercambio de contenidos sometidos a derechos de explotación comercial a la existente en Estados Unidos, del mismo modo que lo hacen en otros países más cercanos a su órbita como los iberoamericanos. Esto no es una cuestión ideológica, sino puramente mercantil. En este aspecto Bush y Obama coincidirían punto por punto y coma por coma. En esta cruzada la SGAE, como máximo exponente de las entidades gestoras de derechos de autor en España, hace de "topo" desde aquí, presionando constantemente para allanar el camino a sus señores, como hacía el fanático Renfield desde el sanatorio del Dr. Seward.

La oscura y mafiosa sociedad gobernada por Teddy Bautista (sobre la que ya no sé cuántos artículos he escrito) no se arruga ante la ya larga lista de fracasos judiciales en su permanente intento de criminalización de todo lo que huela a intercambio, desde el hecho en sí, hasta las herramientas utilizadas para ello, hasta el punto de que ya no me extrañaría mucho que denunciasen al gobierno estadounidense por ser los creadores de la mismísima Internet por ser el medio empleado para el intercambio. Pero evidentemente la estéril campaña judicial no es la única iniciativa. La permanente presión sobre el poder legislativo y ejecutivo se ha visto traducida en éxitos como el beneplácito legal al canon dado por el gobierno del Partido Popular en 2003 (aunque ahora Rajoy se oponga al canon), y en la constante reclamación de endurecimiento de unas leyes que no beneficiarían a los autores sino más bien a los intereses económicos de las compañían que gestionan los derechos de autor. Y la prueba de ello es que a pesar de que Teddy Bautista habla de intercambio de contenidos sin la autorización de los autores, lo cierto es que esto es una falacia, ya que no son los autores los que podrían dar dicha autorización, sino la distribuidora, productora o entidad de gestión, como se ha demostrado en el ominoso caso del concierto benéfico de Bisbal en favor de un crío, en el que él, como autor, cedió los derechos del mismo sin cobrar un duro, pero que la SGAE cobró incluso por adelantado, o el caso en que la SGAE cobró al dúo Gomaespuma por sus propios derechos al editar ellos mismos un disco. Con razón hasta los jueces reconocen que es lógico que la sociedad los tilde de ladrones.

Luego realmente ¿son los intereses de los autores lo que defienden quienes demonizan las descargas? En absoluto. Defienden únicamente el pecunio, usando eso sí, a los autores, como escudo humano. Como fachada demagógica.

En definitiva, mientras que antiguamente se legislaba por y para la mayoría, en un mundo cada vez más dominado por intereses económicos de las grandes corporaciones, se intenta legislar en contra de la mayoría, atendiendo únicamente a aquello que más conviene a unas corporaciones más interesadas en conservar sus beneficios que en adaptarse a una sociedad y a una tecnología que cambia y que las deja atrás. Es una batalla que tienen perdida antes de empezar, pero preferirán morir matando antes de reconocer que se equivocaban. El tiempo dirá. Después de ver el comportamiento del Consejo Constitucional francés, soy optimista.