El revuelo levantado en torno a la anunciada huelga de trabajadores de Aena me ha hecho reflexionar sobre las políticas de privatización, sobre todo de servicios básicos e infraestructuras. Ya en su día expresé mi opinión acerca de las malas privatizaciones de infraestructuras (como las de Telefónica) poniendo como ejemplo ejemplos de lo que a mí me parecía una privatización inteligente a Adif y a Aena.
Sin embargo ahora vivimos una época en la que todo tiene que ser rentable. Las corporaciones y lo que no son las corporaciones. Porque los mercados, ese ente anónimo que nos mangonea, le exigen a los estados soberanos que se comporten como a cualquier empresa que cotizase en bolsa.
Así, en una alocada carrera por sacar dinero de debajo de las piedras el Estado se apresta a vender los aeropuertos a manos privadas. Es un error, ya que hay aeropuertos que son claramente deficitarios. Así debe ser, ya que no están para ser rentables sino para proporcionar servicio público. Lamentablemente en estos tiempos vemos similares iniciativas, por ejemplo en la Sanidad o la Educación, sin ir más lejos en la Comunidad de Madrid. Se exige a los directores de los centros sanitarios y educativos que sean "rentables".
El problema de la privatización del servicio público es precisamente que deja de ser público. De la misma manera que hace ya muchos años que si uno vive en una zona que a Telefónica no le resulte rentable, se queda sin teléfono en casa, (y sin ADSL, etc), dentro de no mucho quizá veamos cómo quien no resulte rentable para un tratamiento (como un cotizante al que le queden pocos años de cotización) no reciba tratamiento médico ya que no será "amortizable". O de la misma manera tampoco será rentable que determinados sectores de la sociedad reciban determinada educación, o determinados servicios jurídicos. Determinadas zonas dejarán de ser rentables para ser patrulladas por la policía o atendidas por los bomberos.
Los ciudadanos pasarán a ser meras "unidades de cotización" y en función de un cálculo estadístico se determinará si resulta rentable atenderlas o no.
En esta línea, si el Estado vende sus competencias y servicios a manos privadas, ¿qué sentido tiene el Estado? Y sobre todo, ¿qué va a hacer el Estado con lo obtenido por dichas ventas o lo recaudado con impuestos, multas y demás? Si no hay servicios públicos en los que invertirlo, quizá nuestros políticos lo empleen en subirse el sueldo. Un sueldo por gestionar nada. Por gestionar un Estado vacío.
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