7 feb. 2010

Las siete diferencias: Políticos vs. jueces

Viendo la reciente noticia del rechazo por parte de la Audiencia Nacional a que el Estado se haga responsable subsidiario de los males provocados por Afinsa y Fórum Filatélico. Para desesperación de los afectados, claro, que han puesto el grito en el cielo y a caldo a los magistrados, por rechazar que papá Estado se haga cargo de los ahorros que unos mangantes les birlaron. No es que no me solidarice con los inversores de Afinsa y demás. Desde luego gozan de toda mi solidaridad. Pero no de mi dinero. Porque si quieres que el Estado responda de tus ahorros, invierte en Bonos del Tesoro, Obligaciones o Pagarés, que para eso están. Ya está bien del cachondeo de privatizar beneficios y nacionalizar pérdidas, como parece que quiere todo dios cuando le tocan el parné. Justo lo que pasó con AIr Comet.

Analicemos: En ambos casos, ciudadanos particulares se vieron afectados negativamente por la quiebra de una empresa privada, ajena a la intervención del Estado. Sin embargo en el caso de Air Comet, el Gobierno no dudó en gastarse los millones que fueran necesarios en contentar a todo aquel que llore un poco. Y no sólo en el caso de Air Comet, sino que algo parecido sucedió en el caso del Alakrana, del Playa de Bakio, de los cooperantes secuestrados en Mauritania, y la lista podría ser eterna…

¿Vivimos una perversión de la democracia en la que los gobernantes son esclavos de los votos? ¿No es acaso eso una tiranía? ¿Pretenden los políticos comprar nuestros votos a base de resolver a golpe de talonario todos y cada uno de los desmanes de que sean víctimas los ciudadanos? ¿No se dan cuenta de que gastarse el dinero de muchos para contentar a unos pocos, sólo consigue los votos de esos pocos en detrimento de los votos de esos muchos? ¿O es que pretenden comprarnos a todos mediante aquello de que “muchos pocos hacen un mucho”?

Evidentemente la diferencia está en quién aplica la medida. Un juez tiene que hacer su carrera de derecho, y luego estudiar como un cabrón para aprobar unas oposiciones tan duras como la jeta de nuestros políticos. Si además de juez, llegan a magistrado (como los de la Audiencia Nacional de la que empezaba a hablar), tienen que haberse ganado el puesto por ascenso o por concurso. Evidentemente, cuando una persona llega a ese nivel, me quito el sombrero. Y quien siga esta tribuna sabe que doy leña a los jueces cuando me parecen absurdas sus decisiones, pero de la misma manera sé reconocer la valía.

En el otro platillo de la balanza (píllese el doble sentido), tenemos a un señor que puede haber salir de recoger alcachofas (con todos mis respetos a los hortelanos), y lamiendo cuatro culos y presentándose a un par de elecciones, zas. Ministro. No digo que los hombres del campo no puedan ser ministros. En absoluto. Los hay que yo lo sé, que desde luego mejor nos iría a todos si tuvieran una cartera de esas con letras doradas en vez de alguno de los encorbatados que se sientan en las poltronas azules de la Carrera de San Jerónimo. Lo que quiero decir es que el día en que para que alguien dirija los designios de un país se le exija una prueba de honestidad, conocimientos, sentido común e integridad como la que se exige a un juez, otro gallo nos cantará. Y así no tendremos politicuchos (de uno u otro color) tocapelotas, cantamañanas y soplagaitas que se dediquen a despilfarrar el dinero público con tal de quedar bien de cara a la galería.

2 comentarios. Deja alguno tú.:

Margarita dijo...

Solo quería saber por qué del dinero de los estafados llevan cobrando unos sueldos de escándalo (creo que 200 millones de las antiguas pesetas) los administradores concursales de Forum Filatélico, así como secretarias, personal de seguridad, porteros... que se quedaron en el edificio para "liquidar" la sociedad. ¿Tenemos que ser más estafados?...

Nacho, el lirón dijo...

Margarita, probablemente debería cambiarse la legislación mercantil para permitir la liquidación de oficio de empresas y entidades por parte de la Administración del Estado, para evitar este tipo de trucos o fugas de capital. La ley la cambia el poder legislativo, como dicta nuestra Constitución. Y ese poder legislativo es elegido cada cuatro años (sin dedicarle demasiada reflexión) por todos los españoles.

Pero la cuestión que yo puse sobre la mesa no es esa, sino si el Estado debe o no arrogarse responsable subsidiario de cualquier perjuicio que una empresa privada provoque a un particular.

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