Que en un estado de derecho que se dice democrático y con división de poderes existan prerrogativas que permitan a determinados cargos políticos del Gobierno la injerencia en asuntos que deberían ser competencia única y exclusiva de la Justicia da una idea del atroz nivel de bellaquía que asola a nuestros legisladores. Pero que además un gobierno recién elegido se afane en indultar a quienes han sido condenados por delitos tan deleznables como meter la mano en la caja común, lo cual es equivalente a robarle la cartera a todos y cada uno de los españoles, hace que el nivel de repugnancia roce cotas inimaginables.
Y esto, amigos, es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular a todo correr en apenas medio año en el poder, supongo que con el objeto de "generar confianza" dentro y fuera de nuestra piel de toro, tal y como rezaba su eslogan electoral.
El pasado 13 de marzo, Alberto Ruiz Gallardón indultaba a los condenados Josep Maria Servitje y Víctor Manuel Lorenzo Acuña (de UDC y CiU respectivamente) que estaban en la trena por corrupción, a una multa. Las razones que adjujo el ministro para indultar a estos dos condenados fueron que uno de ellos estaba en una edad cercana a los 70 años, edad que para estar en la cárcel, al ministro le parece mucho, pero para partirse el espinazo trabajando por lo visto no lo es. Los delincuentes se llevaron 46.000 euros (es que así, con los ceros, se toma conciencia de la cifra), que les ha costado, tras el indulto, una multa de 3.600 euros a cada uno. Robar es muy rentable en España.
¡Ah! En su momento la bancada popular también señaló con el dedo al Partido Socialista con el consabido "y tú más" (mantra ineludible de la política española) recriminándoles que ellos habían indultado previamente a Alfredo Sáenz, al exalcalde socialista de Ribarroja de Turia (Valencia) o a un concejal de Yunque (Toledo). "Como los de enfrente estafaron a la ciudadanía, también podemos estafaros nosotros."
En abril, el Gobierno indultó al comandante José Ramón Ramírez García y al capitán Miguel Ángel Sáez García, los dos militares condenados en su momento por el llamado "caso Yak 42", por el que habían muerto 62 militares en acto de servicio por una contratación de un transporte lamentable, además de falsear las autopsias de 30 de aquellos cadáveres sólo buscando un golpe de efecto propagandístico y hacer un fiestón fúnebre en Torrejón de Ardoz con los 60 ataúdes cubiertos por sendas banderitas de España. Con tal de obtener aquella foto, todo valía, aunque hubiese que hacer una macedonia de restos humanos en cada caja. El indulto a estos dos oficiales es el agradecimiento por haber mantenido la boca callada durante el juicio impidiendo que las responsabilidades llegasen hasta el entonces Ministro de Defensa, Federico Trillo. Han sido buenos perros, se han comido el marrón obedecinedo a su amo, y se les premia.
El pasado 18 de julio (fecha señalada) el Gobierno de Mariano Rajoy volvió a mostrar su cuasi infinita magnanimidad con un nuevo indulto a cuatro condenados (ésta vez del propio Partido Popular) por una docena (se dice pronto) de delitos de prevaricación urbanística durante el mandato como alcalde de Valle de Abdalajís, en Málaga de Tomás Gómez Arrabal. Los condenados era en propio Gómez Arrabal, además de Antonio Pérez Postigo, Fermín Muñoz Armero y María Teresa Mesa Pernía todos ellos concejales de la misma localidad malagueña. También les salió barato, ya que se les indulta a condición de que no cometan delitos en los próximos tres años.
Stay tuned. No serán los últimos. ¿Qué papel tiene la Justicia en un estado en el que el Gobierno de turno saca del trullo a los suyos pasándose por el forro las decisiones de los jueces? ¿Dónde está la división de poderes del Estado? ¿Éste es el modelo de Estado que queremos? Pues de ésto va, amigos míos. Del quítate tú pa' ponerme yo, del y tú más mientras la podredumbre se apodera de las instituciones. Ésta es la marca España. Luego algunos se preguntan por qué los mercados no se fían de nosotros.
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